La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará a cabo este martes una serie de clases públicas en Plaza de Mayo como parte de un reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales relacionados.
La jornada comenzará por la mañana y se extenderá hasta la medianoche, con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades, quienes ofrecerán clases magistrales abiertas al público. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) ha convocado específicamente a estas actividades desde las 11 en la plaza, en el marco de una jornada nacional de lucha en defensa de las universidades.
Además de las clases, está previsto que se realicen actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad durante la protesta. Entre los servicios ofrecidos se incluirán atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, así como asesoramiento jurídico y contable, y orientación psicológica.
Los organizadores también instalarán espacios para exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados en la UBA, destacando un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la universidad.
El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el impacto que tiene el presupuesto universitario en áreas fundamentales como la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica.
El reclamo se centra en la necesidad de que el Gobierno nacional aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cumpla con los fallos judiciales que abordan la recomposición salarial y las becas estudiantiles.
El Conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
Este conflicto tiene su origen en el decreto 759/2025, que estipula que la ley solo podrá ejecutarse una vez que se determinen las fuentes específicas de financiamiento. Esta decisión ha llevado a diversas presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales ante la Justicia.
En junio, la Corte Suprema de Justicia reafirmó una cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, que están relacionados con la actualización salarial del personal docente y no docente, así como la recomposición de las becas estudiantiles.
El conflicto dio un nuevo giro el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar «de forma inmediata» las partidas estipuladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley, que son esenciales para gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. El magistrado indicó que el impacto fiscal de esta normativa representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los gremios universitarios han advertido que, de no cumplirse con la ley antes de la primera semana de octubre, se llevarán a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria.
Fuente: NA
